A 40 AÑOS DEL GOLPE GENOCIDA, NI OLVIDO NI PERDÓN.

ENFRENTAR A LOS CÓMPLICES Y

BENEFICIARIOS AHORA MÁS QUE NUNCA.

INTRODUCCIÓN

Y por algún lugar hay que empezar. Obviamente que lo haremos por aquel del que partió la mayor provocación de los últimos tiempos en esta Provincia, el diario El Litoral de la ciudad Capital de la Provincia.

Es muy difundido que están desarrollándose, dentro de una verdadera megacausa, dos juicios importantes y sin condena en Santa Fe, que han merecido una serie de notas periodísticas y por supuesto que no tanto en el diario EL LITORAL. Se trata de las causas por dos masacres de militantes: la de Calle Castelli 4531, en el cual se produjo el robo de una bebé, Paula Cortassa; y el otro por la masacre de Ituzaingó y Las Heras.

Por otra parte, existen proyectos de Comisiones Investigadoras, tanto en el orden provincial como nacional , que, tal como corresponde al parlamento, están detenidas en algún cajón lejos de la vista y de la mano del pueblo.

Esto último pertenece al dominio de la protección civil a los empresarios que participando se beneficiaron con la Dictadura Militar. Las iniciativas aparentemente justas se pierden en los vericuetos declaradamente injustos del sistema democrático burgués en lo que se supone comunmente es el máximo exponente de la democracia representativa.

Como vemos, cuestiones inconclusas a 40 años del golpe genocida y por hechos ocurridos en una ciudad que por ese entonces rondaba los 350.000 habitantes, es decir, casi un pueblo grande.

En este artículo, tal como lo anticipamos, dirigimos la atención a cierta clase de empresarios, porque es dable advertir que entre los empresarios, hay una categoría de los que de manera general más contribuyeron operativamente al genocidio, oficiando directamente como órganos de prensa de las Fuerzas Armadas Asesinas, y siguen siendo colaboradores de los más activos de los genocidas en la actualidad. Son los propietarios de medios de prensa que, tal como se ocultan las relaciones de clase en las que unas son explotadoras y otras explotadas y oprimidas, diciendo que somos todos iguales, ocultan tras la libertad de prensa el hecho de ser abogados de la impunidad para los represores. De cajón que cuentan con amanuenses, vulgares escribas, que llaman periodistas, a su servicio, los que a su turno distancian aun más la realidad de las relaciones, atribuyéndose personalmente la libertad de expresión como excusa para elogiar incluso a los genocidas.

Estas empresas y su mano de obra ilustrada merece particular atención.

Iniciamos pues, una serie de precisiones someras pero elocuentemente respaldadas en testimonios, sobre estos partícipes y beneficiarios de la Dictadura Genocida.

Creemos que estas tareas son las necesarias para fortalecer la voluntad y la conciencia de que hay que pasar a la acción concreta de señalamiento en la calle. Empezamos hoy con una denuncia sobre El Litoral, cómplice del genocidio, beneficiario del mismo, propiciador declarado hoy de la impunidad, que es la continuidad de la complicidad beneficiada.

El 23 de noviembre del año pasado, el diario LA NACIÓN publicó un editorial que provocó una repulsa masiva. Había pasado sólo una quincena cuando EL LITORAL de Santa Fe, publica similar alegato a favor de la impunidad de los genocidas, que también tuvo múltiples respuestas de repudio.

Editorial diario La Nacion del 23 noviembre de 2015

Editorial de diario El Litoral del 9 de diciembre de 2015

EL LITORAL DE SANTA FE.

Seremos claros:

EL LITORAL NO APOYA HOY A LOS GENOCIDAS PORQUE SÍ NOMÁS, SINO PORQUE ESTÁ PROTEGIENDOSE POR SU PARTICIPACIÓN COMO AGENTE ACTIVO EN LO QUE LLAMARON LOS GENOCIDAS ACCIÓN PSICOLÓGICA, O SEA TAREAS DE INTELIGENCIA DESTINADAS A POSIBILITAR EL PLAN SISTEMÁTICO DE EXTERMINIO Y FALSEAR LA REALIDAD, TRATANDO DE ASEGURAR LA IMPUNIDAD Y HASTA LA APROBACIÓN DE LOS CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD COMETIDOS.

Edición del Miércoles 09 de diciembre de 2015

editorial

• Desde 2005 a la fecha ha habido 2.200 imputados por crímenes de lesa humanidad. El 90 por ciento de las sentencias fueron condenatorias.

Derecho, no venganza

Los juicios por crímenes de lesa humanidad seguramente serán discutidos en los próximos meses. Las culpas y las penas de los imputados y condenados no están, en principio, en debate, pero sí merece abrirse una polémica acerca de la concepción de la justicia y los derechos humanos.

Algunos datos y ciertas consideraciones merecen tenerse en cuenta. Desde 2005 a la fecha ha habido 2.200 imputados por crímenes de lesa de humanidad; se han dictado unas setecientas sentencias, de las cuales más del noventa por ciento han sido condenatorias. Con respecto a los detenidos, corresponde saber que más de trescientos murieron en las cárceles, incluyendo al ex dictador Jorge Rafael Videla, cuyo deceso podría haberse evitado con un mínimo de asistencia.

Es necesario insistir que en un Estado de derecho moderno los derechos humanos valen para todos y no sólo para una facción. En el tema que nos ocupa, se impone recordar que las personas mayores de setenta años con comportamiento adecuado o problemas de salud, tienen el derecho a la prisión domiciliaria. Lamentablemente esto no sucedió ni está ocurriendo. Arquímedes Puccio, el delincuente, secuestrador y criminal, pudo disfrutar de ese derecho sin que nadie hiciera objeciones de fondo al respecto, pero pareciera que esos beneficios no alcanzan a quienes en juicios de controvertida ecuanimidad han sido condenados por crímenes de lesa humanidad.

Lo que se está haciendo en estos temas merece contrastarse con las iniciativas promovidas por el primer gobierno constitucional de la democracia. Allí se obró conforme a derecho, respetando escrupulosamente las garantías de los imputados y dictando condenas de impecable rigor jurídico. En los juicios a las Juntas no se permitieron barras ni insultos y se respetó el principio de presunción de inocencia. Es decir, se hizo lo que correspondía. Y se lo hizo en un momento complejo, con jefes militares que aún tenían poder.

No está de más recordar que en aquellos años las formaciones políticas de izquierda y los organismos de derechos humanos más radicalizados no sólo no integraron la Conadep sino que le restaron importancia. Es más, a menudo criticaron duramente esos juicios ejemplares. En el mismo orden de cosas, el peronismo derrotado en 1983 defendía a libro cerrado la autoamnistía de los militares.

Hoy resulta evidente que se ha producido un deslizamiento de la justicia hacia la venganza. Fiscales y jueces militantes, cuando no oportunistas o timoratos, permiten que se atropellen garantías fundamentales para un Estado de derecho que merece ese nombre. Desde los años ochenta a la actualidad, en estos temas el derecho cedió a la venganza. Desde el poder se alentó la idea de que las personas abatidas por los militares, en muchos casos violando derechos humanos básicos, dejaban de ser víctimas para transformarse en héroes.

En definitiva, lo que se impone es aplicar la justicia trabajando para crear las condiciones que impidan que se repitan los lamentables acontecimientos de los años setenta. Así se sostiene una adecuada política de derechos humanos en un Estado de derecho. Respecto de los derechos humanos, es necesario insistir que ni los condenados ni los imputados deben morir en la cárcel.

Hoy resulta evidente que se ha producido un deslizamiento de la justicia hacia la venganza. Fiscales y jueces militantes permiten que se atropellen garantías fundamentales.

No más venganza

La elección de un nuevo gobierno es momento propicio para terminar con las mentiras sobre los años 70 y las actuales violaciones de los derechos humanos

Lunes 23 de noviembre de 2015

La senadora por Córdoba Norma Morandini escribió días atrás en estas páginas que la causa de los derechos humanos no se puede defender con mentiras. No se puede defender tampoco con nuevas violaciones de derechos humanos como está ocurriendo en el país.

Un día después de que la ciudadanía votara un nuevo gobierno, las ansias de venganza deben quedar sepultadas de una vez para siempre.

Los trágicos hechos de la década del setenta han sido tamizados por la izquierda ideológicamente comprometida con los grupos terroristas que asesinaron aquí con armas, bombas e integración celular de la que en nada se diferencian quienes provocaron el viernes 13, en París, la conmoción que sacudió al mundo. Aquella izquierda verbosa, de verdadera configuración fascista antes y ahora, se apoderó desde comienzos del gobierno de los Kirchner del aparato propagandístico oficial.

Se ocultó así lo que ya no puede taparse por más tiempo a la compresión de una sociedad cuya composición por edad ha ido cambiando en los últimos cuarenta años. A la sociedad argentina de los años setenta no era necesario explicarle que el aberrante terrorismo de Estado sucedió al pánico social provocado por las matanzas indiscriminadas perpetradas por grupos entrenados para una guerra sucia, a los que el kirchnerismo ha distinguido con la absurda calificación de "juventud maravillosa".

La sociedad dejó aislados a esos "jóvenes idealistas", mientras el terrorismo de Estado los aplastaba con su poder de fuego, sin más salvedades que las de algunas voces aisladas, sin más ley que la de la eficacia de operaciones militares que tenían por objetivo aniquilar al enemigo y sin una moral diferente, en el fondo, que la de los rebeldes a quienes combatían.

Ha llegado la hora de poner las cosas en su lugar. Debatir que quienes sembraron la anarquía en el país y destruyeron vidas y bienes no pueden gozar por más tiempo de un reconocimiento histórico cuya gestación se fundó en la necesidad práctica de los Kirchner de contar en 2003 con alguna bandera de contenido emocional. Lo hicieron así al asumir el poder con apenas el 22 por ciento de los votos. Antes habían mirado en esos asuntos para otro lado.

Hay dos cuestiones urgentes por resolver. Una es el vergonzoso padecimiento de condenados, procesados e incluso de sospechosos de la comisión de delitos cometidos durante los años de la represión subversiva y que se hallan en cárceles a pesar de su ancianidad. Son a estas alturas más de trescientos los detenidos por algunas de aquellas razones que han muerto en prisión, y esto constituye una verdadera vergüenza nacional.

Días atrás, tal situación se ha agravado por una escandalosa decisión del Tribunal Oral de La Plata, que revocó la prisión domiciliaria de varios militares de avanzada edad, como los coroneles Carlos Saini y Oscar Bardelli, el capitán de navío Carlos Robbio y el almirante Antonio Vañek. Pareció una burla su coincidencia con el privilegio domiciliario concedido por esos días, por un tribunal del Chaco, a un mafioso de 65 años, condenado a 19 años de prisión por haber traficado más de mil kilos de cocaína a España.

En segundo lugar, de modo paralelo, han continuado actos de persecución contra magistrados judiciales en actividad o retiro. Uno ha sido el caso del juez federal de Mar del Plata Pedro Hooft, absuelto el año último tras siete años de acusaciones sobre supuestos delitos de lesa humanidad. El perverso armado de la causa salió a la luz por grabaciones aportadas como prueba, pero Hooft está afrontando nuevos ataques. También debimos ocuparnos recientemente del proceso irregular montado contra el juez Néstor Montezanti, de Bahía Blanca, en otro claro intento oficialista de desarticular la investigación de causas que involucran a la familia presidencial.

Sin más elementos que referencias mendaces aportadas por tres militares condenados como autores de las matanzas producidas en la denominada masacre de "Palomitas", se persiguió por más de diez años al ex juez federal de Salta Ricardo Lona. Éste se encuentra en prisión preventiva por supuestas fallas en la investigación de la muerte del ex gobernador de Salta Miguel Ragone, ocurrida en marzo de 1976. Se desconoce, en cambio, que el juez Lona había sido quien reunió las pruebas que llevaron a condenar a los partícipes del hecho, según lo reconoció la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Por otra parte, la acusación en su contra carece de validez pues la acción no se encuentra instada por los fiscales de la causa, sino por otros designados ad hoc por la cuestionada Procuración General de la Nación, careciendo por ello de atribuciones para impulsar la acción. Con casi 80 años y una grave enfermedad, Lona corre peligro de que los fiscales lo envíen a prisión solicitando la revisión del informe médico que desaconseja rotundamente su traslado a una cárcel.

La cultura de la venganza ha sido predicada en medios de difusión del Estado y en las escuelas habituadas a seguir las pautas históricas nada confiables del kirchnerismo. O sea, la mentira de la que ha hablado la senadora Morandini.

El palabrerío de sujetos que han sido responsables de haber incendiado al país en los años setenta convencidos de que las armas de fuego y los explosivos, con sus secuelas de muerte y dolor, eran la vía de acceso a una sociedad mejor, no puede intimidar a los políticos responsables, ni a los jueces compenetrados de su misión, de actuar en consonancia con la verdad histórica y los principios básicos del derecho penal.

Siempre será indispensable construir a partir de la verdad completa, apaciguar y no agotar la búsqueda de todos los medios necesarios para que se cumpla la imploración del papa Francisco de que todas las herramientas de la ley se activen "para evitar cualquier tipo de venganza y curar las heridas", aunque "sin dejar de mirar las cicatrices", como bien aportó.

Editorial diario La Nacion del 23 noviembre de 2015

Publicamos y difundimos por todos los medios a nuestro alcance la actividad que organiza la Cátedra Popular Derechos en clave Humana.

Por supuesto que, haciéndonos parte de la iniciativa, invitamos a la actividad que convocan porque es sin duda un momento de debate necesario para la orientación de lucha. Una mesa de arranque como  la que integran los panelistas presentados justifican una apertura de discusión con un alto grado de sinceridad política.

Desde ya que a las definiciones contenidas respecto al 40º Aniversario del Golpe Genocida las tomamos como propias.